Por un techo digno

Revista Tercer Sector. Buenos Aires. Argentina. Septiembre/Octubre 2009

En diez años, la población de las villas porteñas casi se duplicó y en el conurbano bonaerense sigue creciendo. La pobreza, desocupación y falta de acceso al crédito, alejan a millones de personas de una vivienda digna. Desde el sector social y académico impulsan alternativas para atender a quienes habitan en condiciones de hacinamiento, carecen de los servicios más básicos y padecen la estigmatización social de no tener dónde vivir.

Textos AILÍN BULLENTINI y ROSALÍA COSTANTINO

Llovió toda la semana. Se nota por los charcos que, uno tras otro, aún resisten en la calle de entrada a la Villa 3, en Villa Soldati, que se angosta en el horizonte hasta convertirse en pasillo. El suelo de tierra no logra absorber el agua caída, y el olor a cloaca lo invade todo, hasta las habitaciones donde la gente sobrevive. Ese olor inunda los dos ambientes que Nadia y Daniel comparten desde hace diez años. El mismo tiempo que entre 1991 y 2001 tardó la población de las villas de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires en crecer un 77 por ciento, hasta rasguñar los cien mil habitantes, según los censos llevados a cabo durante esos años. A poco de cumplirse una nueva década, las proyecciones de los organismos oficiales vaticinan una duplicación de esa cifra. Nadia siempre vivió en la Villa. Allí conoció a Daniel, con quien intentó armar una historia compartida en una pieza de la casa materna. “Imposible.
Demasiado chico el espacio para todos”, recordó ella. Tuvieron suerte de encontrar una casa un poco más amplia “con luz y dirección. Acá no existe el domicilio”. Así, con la suerte que significa en la actualidad no formar parte de la masa de argentinos desocupados, lograron esquivar por poco el hacinamiento. Pero no tuvieron el mismo éxito en escapar de las deficitarias condiciones de hábitat.
Mientras una realidad de chapa y cartón los envuelve y minimiza al apelativo de “villeros”, desde la ilegalidad, la pareja intenta legitimar la ocupación de suelo ajeno y deshabitado con la fuerza de la necesidad de un techo bajo el cual vivir. Ellos forman parte de las miles de familias que “viven de prestado”, que a duras penas logran generar recursos para alquilar una habitación en un hotel o pensión. Si bien no existen número oficiales que abarquen la problemática y la reflejen en su etapa más actual, las estimaciones permiten asomar las narices al análisis del déficit habitacional. La proyección a 2006 del último censo realizado en el país advierte que son 16 millones los argentinos sumidos en esta condición.
De los hogares encuestados en aquel entonces en el Área Metropolitana de Buenos Aires, poco más de 712 mil presentaban algún inconveniente en su construcción o en las condiciones de habitabilidad. El 57 por ciento directamente fueron considerados irrecuperables.
El aumento no sólo se explica por la superpoblación de los espacios ya creados, sino que además desde 2001 a la actualidad se conformaron lo que los expertos llaman, a distancia, “nuevos asentamientos urbanos”.
En un trabajo realizado en 2007, la Defensoría del Pueblo detectó 30 nuevos espacios a los que
caracterizó como “asentamientos intersticiales que se implantan en espacios vacantes dispersos en distintos puntos de la trama urbana: a la vera de las vías del ferrocarril, debajo de las autopistas, en terrenos baldíos y plazas” y que “presentan una precariedad extrema en sus construcciones, carecen de los servicios más elementales y se encuentran sobre terrenos inadecuados, peligrosos e insalubres para las familias que los habitan”.

De transitorio a permanente

Hasta mediados de la década del ’70, la villa era un lugar de paso, un espacio donde se establecía transitoriamente la gente que llegaba desde el interior del país a la Ciudad en busca de trabajo, mientras accedía a un lote en el Gran Buenos Aires y, con mucho esfuerzo, comenzaba a construir allí su casa poco a poco.
Hoy la posibilidad de generar ese traspaso “es prácticamente imposible –opinó el presidente de Fundación Provivienda Social, Raúl Zavalía Lagos–. Ahora, la villa es el lugar donde la gente del conurbano se muda para que su tiempo y el poco dinero con el que cuentan rinda, ya que las fuentes de trabajo, en su mayoría construcción y el cartoneo, están en el centro.”
La inexistencia de políticas estatales de loteo con servicio en la provincia se suma al interés que despiertan los grandes espacios de tierra libre del conurbano entre las clases de mayor poder adquisitivo, lo que complica aún más la situación de los que están peor que la mayoría. “El conurbano no es más de los pobres.
Ahora, ellos tienen que disputárselo con los barrios privados y countries”, analizó María Cristina Cravino, antropóloga e investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs). Es que en la actualidad, basta aplicar nuevas tecnologías para mejorar un terreno que antes era rechazado por inundable.
Por otro lado, la última dictadura dispuso por decreto que el Estado debía ofrecer lotes con infraestructura –conexión de agua, luz y caminos–.
Entonces, lotear dejó de ser negocio y la gente quedó en manos del mercado, que le ofrece oportunidades cada vez más inalcanzables.

Tablones y chapas

Nancy y Natividad alquilan una pieza en el barrio de Pompeya, donde se acurrucan con sus cuatro hijos. Que el piso de la cocina-comedor se convierta en cama todas las noches no es el problema más grave.
De hecho, la casilla que lograron levantar con algunos tablones de madera y chapas en el barrio 17 de Noviembre, a 10 cuadras de Puente La Noria y de la Ciudad de Buenos Aires, es más pequeña aún. “No podemos sostener más el alquiler. Hace tres meses que no llegamos a pagarlo”, justificó Nancy en susurros.

“Las posibilidades de saltar de una villa al mercado formal de vivienda son nulas. Se necesitan por lo menos 20 mil pesos en efectivo para comprar un lote en una zona muy mal ubicada del conurbano, casi sin servicios.” María Cristina Cravino

Sobre un extenso predio que durante décadas permaneció deshabitado, cerca de 3.600 familias levantaron el barrio nacido de una de las tomas de tierras más grandes de la historia del conurbano bonaerense.
El proceso de construcción comenzó apoyándose en la organización de los vecinos, que poco a poco se fue perdiendo hasta llegar a lo que es hoy: una lucha de supervivencia, donde el más apto logra asomar a la superficie, y el menos termina hundiéndose entre escombros y agua estancada. La aprobación de la ley de expropiación –primer paso para que el Estado adquiera las tierras y arme los planes de pago para vendérselas a la gente– fue el único gesto estatal concreto. El resto, diseño de calles, extensión de redes de agua y luz e instalación de cloacas, recae a diario sobre la espalda de los vecinos.
“En las personas que toman tierras en el conurbano hay una búsqueda de estabilidad, de sueño concretado.
No hay que analizarlo como un lugar de donde quieren irse, sino como un lugar que puede ser propio con un proceso de lucha para mejorarlo muy grande”, opinó Cravino.

Soluciones al déficit

Varias aristas se combinan, enredándose, para arrojar a la gente a las villas; los asentamientos precarios; las casas sin revoque, sin agua potable, ni gas natural: desocupación, falta de educación, quiebre de lazos sociales, discriminación. Pobreza.
“Son cuestiones de fondo que es necesario atender en el momento de pensar una solución. Nada de esto se resuelve sólo con la construcción de casas”, sostiene con énfasis Fernando Ojeda, uno de los creadores de la Cooperativa El Ceibo, que trabaja desde 1989 con personas
que viven en casas tomadas del barrio porteño de Palermo, y uno de los coordinadores de la Red Hábitat Argentina, un espacio interinstitucional conformado por organizaciones de todo el país que trabaja en la temática.
Para Cravino, en tanto, “las posibilidades de saltar de una villa al mercado formal de vivienda son nulas. Se necesitan por lo menos 20 mil pesos en efectivo para comprar un lote en una zona muy mal ubicada del conurbano, casi sin servicios.Y a eso hay que sumarle el costo de construcción. La capacidad de ahorro de las personas que están en ese rango de situación, cuando tienen la suerte de tener un trabajo, no da abasto para generar esa cantidad de dinero.Y para alquilar no se puede pensar en tener menos de mil pesos, más una propiedad en la Ciudad como garantía”.
Frente a la imposibilidad de contar con los recursos necesarios para adquirir un techo propio, la unificación del esfuerzo entre las personas que se encuentran en la misma situación se convierte en la única salida. “La gente que está sumergida en la problemática tiene una visión solidaria que no tiene el resto. Son voluntarios en la mejora de otras casas porque saben que eso es ayudarse a ellos mismos”, sostuvo Zavalía Lagos.
En la solidaridad se apoya, desde hace más de 15 años, el programa de mejoramiento de viviendas de Provivienda Social, un proyecto que consiste en la adquisición de créditos solidarios entre pequeños grupos de familias de cara a la puesta a punto de sus casas. Para ello, adquieren un monto de hasta 5 mil pesos a una tasa de interés mínima, y cada una se convierte en garante del pago.

“Se toma a la obra de construcción como herramienta para trabajar otras cuestiones que tienen que ver con los lazos sociales.” Gabriel Nosetto

Hábitat para la Humanidad se aboca a “apoyar la producción social de hábitat para facilitar el proceso natural que la propia gente lleva a cabo en la construcción de su entorno”.
Desde la entidad ofrecen servicios de créditos a las personas de bajos recursos, pero también capacitación técnica respecto de los procesos de construcción y conformación de barrios y a la provisión de recursos humanos que den una mano en las tareas.
La representante de la OSC en Argentina asegura que “no hay un programa igual a otro ya que tratamos de adaptarnos a las necesidades de la gente”. A diferencia de Provivienda Social, los créditos de esta organización son individuales: “El monto que recibe cada familia no está ligado a un grupo, por lo tanto cada uno se hace cargo de su crédito y no se ve afectado si otra familia dejó de abonar”. El destino del dinero puede ser desde la construcción y mejoramiento de la casa hasta la puesta a punto del barrio en sí.
Otro caso es el que existe en la provincia de Buenos Aires, donde una veintena de organizaciones sociales y de base unieron fuerzas para pensar e intentar soluciones al déficit habitacional. Conforman el Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de Buenos Aires (Fotivba), en el que se articulan dos tipos de entidades: las de corte técnico- instrumental y las de base. Las primeras, integradas por técnicos, arquitectos y trabajadores sociales, entre otros profesionales, se orientan a la promoción y desarrollo, a nivel organizativo. “Se toma a la obra de construcción como herramienta para trabajar otras cuestiones que tienen
que ver con los lazos sociales. Es la llave que permite abrir el campo social de la falta de un techo”, apuntó Gabriel Nosetto, integrante de Madre Tierra, una de ellas.
Muchas de estas organizaciones ofrecen lotes a personas de bajos recursos: compran parcelas de tierra, las dividen y las nutren de servicios de infraestructura para luego iniciar planes crediticios. Otras colaboran en la construcción propiamente dicha de las casas, junto con las agrupaciones de vecinos en los barrios, donde se roza la piel de la problemática.
“Nosotros participamos en la creación del barrio entero.Yo sé cómo se hizo mi casa, cuántos ladrillos me llevó. Conozco el sacrificio.
Muchos nos preguntan por qué decidimos quedarnos acá, si vivimos en malas condiciones. Les contestamos que nos quedamos porque esto es nuestro”, remarcó Osvaldo Francés, miembro de la comisión directiva del barrio San Cayetano, en Rafael Calzada, que también integra el Fotivba.

La acción del Estado

Si se sondea en los espacios gubernamentales porteños, provinciales y nacionales, se encuentra más de un programa dedicado a la atención del déficit habitacional y al mejoramiento de las condiciones de hábitat de las personas que así lo requieran. Sin embargo, cuando la lupa se acerca, las fallas salen a la luz: falta de presupuesto, nula participación de los vecinos en las propuestas, pero principalmente una mala definición del problema, lo que deriva en soluciones ineficientes.
Desde que comenzó la gestión de Mauricio Macri al mando de la Jefatura de Gobierno porteño, las funciones que cumplía el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) se redujeron a sólo una: atender las necesidades de las personas de más bajos recursos, que no logran ingresar siquiera en los planes crediticios que hasta hace unos meses otorgaba el organismo.
Es que en un traspaso que aún es de hecho, ya que debe aprobarlo la Legislatura, las nuevas construcciones para habitantes de villas quedan bajo el amparo de la Corporación del Sur, una sociedad del Estado conformada en un 50 por ciento por capitales privados, y la atención de problemas de infraestructura en los barrios precarios en manos de las Unidades de Gestión e Intervención Social (Ugis). Los vecinos de la Villa 3, junto con los de otros siete barrios similares, conformaron el Frente de Villas Unidas por la Urbanización Participativa, cuyo principal objetivo es “luchar por la vivienda”.
“Es todo una mentira. Acá construyeron algunas casas pero no tuvieron en cuenta las necesidades de la gente y quieren instalar en una casa de dos ambientes a una familia de ocho o nueve integrantes”, sostuvo Nadia. “Lo que buscan es hacer pocas acciones de alto impacto, pero soluciones de verdad no dan”, agregó Daniel.
La situación es un tanto diferente en la provincia de Buenos Aires, donde además de las estrategias de escrituración social que impulsa la Escribanía General de Gobierno, se aplican programas de vivienda nacionales. “Ciudad y Provincia son el día y la noche en este tema. El programa de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios, si bien no es suficiente todavía, es un buen avance.Hay entre 50 y 60 proyectos en funcionamiento”, aportó Cravino.
No obstante, algunas de esas iniciativas evidencian las mismas fallas que los porteños en cuanto a la indiferencia hacia la opinión de la gente. “Tenemos un Estado ciego, sordo y mudo en lo referente a política habitacional. En vez de ayudar a los que construyeron con su propio esfuerzo, construye casas nuevas. Lo que hay que hacer es mejorar el espacio en el que la gente ya está habitando”, opinó Zavalía Lagos.
Cravino, por su parte, optó por dejar en claro: “El Estado no regala nada. Cuando regulariza, otorgando escritura, luego viene el momento en que la gente empieza a pagar por esa tierra”.

La emergencia en números

167.500 personas habitan en 25 villas y asentamientos precarios de la ciudad de Buenos Aires, según el cálculo de la Defensora del Pueblo porteña.
891 villas de emergencia existen en el gran Buenos Aires, según las estimaciones de la organización Infohabitat.
26 mil son las personas que viven en la villa 31 y 31 Bis, de acuerdo al censo realizado por el gobierno porteño. Y 60 mil serían, aproximadamente, según estiman los vecinos.
50 mil personas viven en la 1-11-14 del Bajo Flores.
50 mil habitantes tiene villa Itatí, en Bernal y Wilde, según la organización Etis.
40 mil vecinos viven en La Cava, San Isidro, según estimaciones de OSC de la zona.
100 mil personas viven en 200 villas del Partido de La Matanza, según la Federación de Tierras y Viviendas.

Una lupa sobre el barrio

El 42 por ciento de los vecinos de cinco barrios de la localidad Cuartel V, en el partido bonaerense de Moreno, sufría enfermedades respiratorias como tos, asma y bronquitis.
Hoy, ya no. Fueron determinantes las mejoras en las condiciones habitaciones que llegaron de la mano del tendido de gas natural promovido por la Fundación Pro Vivienda Social (Fpvs).
Luis Basualdo, responsable del área de Relaciones Institucionales de Fpvs, afirmó que al acceder a ese beneficio, la cocción de los alimentos es diferente y ello repercute en la salud de la población: los vecinos dejaron de presentar problemas respiratorios y gastrointestinales, ejemplificó.
Con el fin de medir el impacto de las mejoras impulsadas en la zona y contar con información que permita diseñar políticas públicas, la entidad, junto con la Universidad Di Tella,
llevó adelante el Observatorio de Desarrollo Barrial, un trabajo de campo que involucró a 400 familias en 2006 y a otras 800 en 2007, sobre un total de 4 mil, que habitan en la zona.
Entre otros datos, el estudio reveló que la mitad de los habitantes trabaja como obrero o empleado y el 13 por ciento vive de changas. En tanto, el 54 por ciento no realiza aportes jubilatorios y cerca de tres de cada diez personas no completaron la primaria.
El relevamiento también sacó a la luz que sólo seis de cada diez viviendas (en la actualidad ascendió a siete de cada diez) tienen paredes con revoque, los baños no cuentan con cañería de agua caliente, mientras que los servicios básicos como gas, cloacas y asfalto
brillan por su ausencia. Existe una red precaria de agua, a la cual accede el 70 por ciento de la población, las calles son de tierra y la recolección de los residuos es deficiente.
“Las cifras buscan monitorear la llegada de los programas de la fundación pero muy especialmente contribuir con información precisa a la definición de políticas públicas hacia los sectores más desfavorecidos”, explicó Basualdo, para quien los datos analizan también los procesos de la economía informal y dan a las empresas un panorama de situación a la hora de evaluar posibles inversiones.

Viviendas más económicas

Desde la Escuela Técnica Nº 34 Ingeniero Hermitte, en la Ciudad de Buenos Aires, el coordinador del área de Construcciones, Jorge Lema, creó junto con sus alumnos una nueva alternativa de vivienda social de fácil construcción y bajo costo, sin descuidar la calidad del inmueble. Al proyecto lo bautizaron Prototipo de Vivienda Bioclimática de Interés Social (Provibis). Esta experiencia pedagógica se puso en marcha en 2003 y se inscribe dentro de los procesos de enseñanza de ese secundario. Su edificación supone un 30 por ciento de ahorro del costo de las viviendas económicas tradicionales.
“Los estudiantes realizaron distintos proyectos de viviendas para vecinos humildes llegando a pautas constructivas muy simples. En la planta baja idearon un espacio social único (comedor, cocina, lavadero) con baño y cocina más un ambiente para que duerma la abuela o una persona con discapacidad. La planta alta está compuesta por dos dormitorios que conforman también un espacio único dividido con placard o cortina. Todo en 5 metros x 5 x 5 metros de altura”, precisó Lema.
Lo novedoso de la técnica radica también en que las unidades se ensamblan entre sí minimizando la cantidad de medianeras, al tiempo que contempla la bioarquitectura y la sustentabilidad; genera recuperación de agua de lluvia para tirar en el inodoro y riego; responde
a los conceptos de autoconstrucción –porque se busca que los propios beneficiarios ayuden en la edificación de la que será su casa– y se puede realizar por etapas, permitiendo ampliar los espacios una vez que se hizo la estructura externa. Tampoco necesita luz durante todo el día ya que tiene un novedoso sistema de iluminación central. “Buscamos poner a disposición del sector social y las cooperativas de trabajo todo el conocimiento académico necesario para mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de los vecinos que viven en riesgo social. Los planos están a disposición de quienes deseen aplicarlos”, sentenció Lema, quien además preside el Instituto para el Desarrollo de la Vivienda (Indevi).

La toma que se convirtió en barrio

familia Rojas conquistó su espacio. Ése que hoy es “digno de habitar” pero que hace no más de un cuarto de siglo era apenas “un rancho, con cuatro paredes de cartón, chapa y plástico, en medio de una laguna, y la nada”. Allí, las velas fueron las que iluminaron durante mucho tiempo, mientras que al agua accedían a través de un vecino generoso que no escatimó en prestar el servicio, cuando el resto miraba desconfiado y con malos ojos a los “ocupas” que venían a “crear una villa en el barrio”. Se trata de la primera gran toma del partido de Avellaneda pero con una meta clara: “Trazar calles y lotear el terreno para construir un barrio convencional, no una villa”. A sólo 10 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, Elsa y Ramón Rojas constituyen un ejemplo de cómo con organización vecinal, participación, persistencia y perseverancia el déficit habitacional puede cambiar su cara.
En la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, al sur del Gran Buenos Aires, hace 25 años las inmediaciones de las vías del ferrocarril, en el tramo este, eran un abismo.
“Terrenos muy bajos, que se inundaban cada vez que llovía. Sin luz, agua ni gas. Pero decidimos tomarlo porque era eso o nada. Sólo podíamos pagar un alquiler mientras que acceder a créditos bancarios era imposible. Pero nosotros siempre lo tuvimos bien en claro: construir nuestra propia casa, no usurpar propiedades de los demás a costa de los otros”, recordó Elsa sobre el inicio
de una extensa lucha y sacrificio.
Con dos pequeños hijos, y junto a otras 70 familias, en enero de 1984 tomaron el predio. Luego llegó el arreglo con la propietaria, quien le facilitó la compra del terreno –difícil de comercializar
por las condiciones en las que estaba– en 48 cuotas “a un valor que representaba una tercera parte del alquiler que pagábamos por aquel entonces”, calculó Ramón, de 67 años.
La conexión energética fue el primer servicio que encararon los vecinos recién a unos tres años de la toma, tras intensas gestiones con la comuna. Para el tendido de agua y el alumbrado, agrupados en una Junta Vecinal le pidieron ayuda a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda para que los estudiantes del último año aportaran los conocimientos técnicos en concepto de pasantía. Hoy, uno de los alumnos que participó de esa experiencia es el intendente del partido.
“A través de kermeses, festivales, bingos y venta de comida juntábamos los fondos para los materiales, como cables, lámparas, caños, mientras hacíamos el zanjeo para la red de agua potable y el desagüe pluvial”, recordó Ramón. Lo último en llegar fue el asfalto, hace unos meses nada más, “aunque a los siete años de ocupar el predio ya habíamos terminado nuestra propia casa de material, que con el tiempo seguimos ampliando y mejorando”, subrayó eufórico en un gesto por alentar a aquellas personas que no se animan a vivir en un lugar “a primera vista inhabitable” porque temen no poder revertir esa condición.
Actualmente, alrededor de 74 son las familias que residen en el barrio San Jorge y todas tienen el título de propiedad. En sus alrededores, sobresalen otras barriadas, algunas mucho más pobladas, que son también el resultado de tomas que se sucedieron años después con la misma bandera: “Desde el pie, organizados y participando podremos lograr la calidad de vida que merecemos”.